Con el suicidio de Adriana Cruz, el SPB y la justicia vuelven a ser el centro de las miradas.

Dos muertes, mil preguntas

Finalmente, y en contra de muchas hipótesis, Adriana Cruz, quien hace poco menos de un mes asesinó a su hijo, se suicidó ahorcándose con una media en el baño de la Unidad Penitenciaria 45.

La acusada había sido detenida semanas atrás y se encontraba a la espera, a pesar de que su defensa la declarara inimputable. Su conducta suicida, según su perito, estaba instalada, debido a la imposibilidad de recuperar a su pareja.

¿Qué hubiese impedido el suicidio? Por empezar, mayor control de la detenida dentro de la unidad. Por otro lado, una estimación más objetiva de sus tentativas previas de suicidio, calificadas por el juez como una “psicopateada histérica” con el fin de encubrir su culpabilidad.

Pese a los cuidados especiales que, asegura el juez, recibía; en la U45 le permitieron acceder al baño sola. Este hecho pone en evidencia el incumplimiento con el cuidado de los reclusos que debe tener el sistema correccional. ¿No debiera funcionar un equipo de profesionales que trabajen activamente con los detenidos, para preservarlos del peligro? ¿No es previsible una conducta de este tipo en una persona que ya cometió un crimen y está a punto de ser condenada? ¿Acaso el SPB no tiene en cuenta las particularidades de cada caso?

Este es uno entre otros tantos suicidios dentro de unidades de detención, y el papel de la justicia aparece, una vez  más y paradójicamente, en tela de juicio. ¿La acusada era imputable? Existía un informe de inimputabilidad, pero  fue subestimado por el juez, quien avaló la imputabilidad en reiteradas ocasiones.

Las justificaciones se agolpan unas sobre otras: Que no se resguardó debidamente a la imputada, que hubo una sobreexposición del caso por parte del juez y del fiscal. Y las contradicciones llegan por parte del juez, quien afirma que Cruz estaba alojada en una unidad especial, con los cuidados “normales” para ese tipo de pacientes psiquiátricos. El mismo juez que no había dudado en declararla imputable, basándose en “una infinidad de pruebas”, pero que pasó por alto el informe del perito.

Ahora, ni imputable ni inimputable. Ni libre, ni detenida. Y las preguntas se multiplican… ¿La justicia actuó demasiado rápido? ¿Se tuvieron en cuenta todas las pruebas? ¿El SPB podría haber intensificado sus cuidados? ¿Podía penarse a Cruz pese a su condición de paciente psiquiátrica? En ese caso… ¿Quién cumplirá la pena?